El cuerpo semi calcinado de Laura Gabriela Yáñez mostraba señales de golpes, tortura y violación. Eso decía el informe que llegó a las oficinas de la Fiscalía en Ciudad del Carmen el 13 de noviembre de 2015. Días después, el 19, el Fiscal de este rancho, Juan Manuel Herrera, cambió la versión, que quedó de esta forma:
Laura Gabriela fue al cementerio de Isla Aguada cargando un bidón de gasolina, cavó la fosa, se desnudó, se madreó, cometió todo tipo de aberraciones sexuales consigo misma, se acomodó en el hueco, se bañó de combustible y se prendió fuego. Caso cerrado.
Con un Fiscal como el nuestro, que todo lo resuelve a partir del suicidio y el autorrobo, es una consecuencia lógica la espiral de violencia e impunidad que agobia al Estado.
Pongo dos ejemplos: sólo en enero de este año la tasa de homicidios aumentó en 333 % con respecto a todo el 2015 (pueden checarlo aquí), y después de haber sido la segunda entidad más segura, en diciembre del año pasado llegamos al cuarto lugar y ahora ocupamos el noveno.
A pesar de la ineptitud del Fiscal y de las pruebas irrefutables de que la delincuencia va cercándonos, Alito insiste en mantener a Juan Manuel Herrera en su cargo, persiste en la obsesión de culpar a otros de sus errores e ineptitudes, y los medios de comunicación no tienen reparo en continuar reproduciendo la mentira del Campeche seguro gracias a nuestro brillante gobernador.
Esa dinámica explica lo que sucedió el sábado pasado en Ciudad del Carmen.
Hace 10 meses, cuatro delincuentes asesinaron a Juan Cruz Gómez en la colonia Miguel de la Madrid. En aquel entonces, los homicidas, entre ellos William Zavala a “El Bizco”, fueron capturados por los vecinos e iban a ser linchados, pero los salvó la fuerza pública y la promesa de que se haría justicia.
No fue así. Los asesinos fueron liberados y la noche del viernes 15 de abril los vecinos de la Miguel de la Madrid iniciaron un bloqueo de la Avenida 10 de julio como protesta.
Esa noche pasó por ahí el subsecretario de Gobierno, José Ignacio Seara, pero lo despidieron entre gritos y abucheos. Los vecinos sólo dialogarían con el Fiscal, le dijeron. Al mediodía del sábado llegaron también el alcalde Pablo Gutiérrez y la diputada Ileana Herrera para mediar en el conflicto, pero tampoco lograron gran cosa.
Fue hasta que el vicefiscal se presentó ante los manifestantes y negoció con ellos la integración de un expediente de apelación contra el resolutivo del juez que ordenó la liberación, y la reaprehensión de los delincuentes, que los vecinos se retiraron. Una comisión lo acompañó al Cereso de Ciudad del Carmen para cerciorarse de la recaptura de los homicidas.
Como ha sucedido en otras ocasiones, el comportamiento de Alejandro Moreno y de la prensa local frente a la protesta vecinal fue echarse gel antibacterial en las manos y difundir mentiras.
Al mismo tiempo que el alcalde y la diputada intentaban mediar en un asunto que compete directamente a la Fiscalía estatal, no al municipio, Moreno Cárdenas fue entrevistado en radio y culpó a Lázarus de todos los males planetarios por no aceptar el mando único, sonsonete que repite a la menor provocación y que no cuadra con su proceder: el mismo Alito, tripulado por su rencor contra Renato Sales y sin preocuparse por el alarmante aumento de los delitos, despidió a la Gendarmería porque no quería intromisiones en su gobierno.
Y la prensa, tratando de desviar la atención y de eximir a Alito, señaló a Gutiérrez Lázarus como único responsable del bloqueo, cuando no el organizador, y explicaron su presencia en la manifestación como un intento inmoral de sacar raja política del asunto. No lo dudo. Con el escándalo de la banda de policías de Carmen que vendieron ilícitamente más de 200 vehículos del corralón municipal, el alcalde necesitaba una válvula de escape y esta era la ocasión perfecta.
Pero estos mismos textoservidores que atacaron a Pablo por “sacar raja política” de una desgracia fueron los que elogiaron al gobernador por hacer lo mismo: asistir al velorio y entierro de Kevin Tucuch Poot, el joven de 18 años asesinado por pandilleros en el parque de Ciudad Concordia de Campeche, en el frenesí homicida que vive la entidad al amparo de las autoridades.
Reaccionar de forma distinta a fenómenos similares se les está convirtiendo en hábito a las meretrices de la información: si Pablo barre un parque, es una barredora descarada; si Alito come tortas de tifoidea en la calle, es un estadista.
Para estos comunicadores la ética periodística dura hasta que el chayo quiere. Si con asombroso cinismo guardaron un infame silencio o alabaron hasta la ignominia a Chely Escalante y a Enrique Iván, ahora, sin importarles que Alejandro Moreno esté castigando a la isla con reducciones presupuestales y otras m
alas mañas, atacan al alcalde porque esas son las instrucciones o porque no les pagan.
¿Qué hacer ante la violencia y la mentira? Tal vez imitar al gobernador Moreno Cárdenas en su paso por la famosa fiesta de Eruviel Ávila en Toluca (que reseñé aquí): ingerir hectolitros de tequila Casa Dragones y luego ajusticiar por propia mano. No hay de otra. Si el gobierno no es capaz de cumplir con su encomienda básica: proteger a los ciudadanos y garantizar justicia, entonces el pueblo tendrá que hacerlo.
Besitos.
Tantán.
Posdata: es muy probable que el homicida de la colonia Miguel de la Madrid sea liberado pronto, si no es que ya lo está. ¿De quién será la culpa entonces según Alito y sus textoservidores: de Pablo, de Renato o de los perros voladores de la galaxia Andrómeda?
