Hace unos días escribí sobre el caso de Julio César de la Cruz Contreras, la persona privada de su libertad (PPL) que reclamó por las raciones de comida cada vez más pequeñas que estaba recibiendo (al igual que todos los ppl´s) y fue agredido por un custodio. Les dije también que denunciaría ante Derechos Humanos para saber cómo estaba y en dónde, porque según mi informante no se supo nada de él después de la golpiza.
Pues bien, Julio fue trasladado al “92”, área de castigo, tal y como temían sus compañeros, pero por la intervención de Derechos Humanos la dirección lo envió al “patio”, con la población común, sólo que no a la galera que habitaba sino a otra donde Julio había tenido problemas, la de Procesados Comunes número uno en la que, por cierto, el celador es un recluso ya sentenciado que por reglamento no debería permanecer en esa galera, mucho menos gobernarla, ya no digamos extorsionar a sus iguales, pero algunas cosas del CERESO son muy extrañas.
Julio subió a informar al K2 (Jefe de Seguridad) de su incomodidad con el celador de la PC-1 pero el oficial le dijo que esas eran las consecuencias de “andar con sus mamaditas” de denunciar ante Derechos Humanos. Proceder típicamente campechano: la presencia en el penal de Derechos Humanos para cuidar la integridad de Julio puso en riesgo la integridad de Julio por haber denunciado ante Derechos Humanos.
Al saber lo anterior, me comuniqué de nueva cuenta con el personal de DDHH y regresaron a investigar. Ahora sí, Julio volvió a su galera de origen. Pero el tema que desató su enojo, las raciones de comida cada vez más pequeñas, el hambre que agobia a los internos, sigue ahí. Mañana, en la segunda parte, les contaré el por qué de la hambruna. Prepárense para un capítulo muy crudo de la infamia burocrática.
Besitos.
Tantán.
